Aunque el inciso 2 del artículo 13 de la Ley Orgánica Nº 6.238 (sancionada en 1991) exige "implementar un procedimiento para la designación de los empleados que garantice la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad", el Poder Judicial tucumano viene incorporando a sus recursos humanos mediante una simple acordada rubricada por los vocales de la Corte Suprema.
En rigor, sólo excepcionalmente convocó los concursos públicos de oposición, vigentes para la designación de jueces en el contexto del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Se pudo constatar que el desdoblamiento del horario de trabajo en los Tribunales provinciales y la apertura de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) repercutió de manera inédita en el despacho de recursos humanos del Poder Judicial, que sólo entre febrero y marzo de este año gestionó el ingreso de al menos 90 empleados nuevos, de acuerdo con fuentes judiciales.
El ritmo de nombramientos ascendió a 2,25 incorporaciones diarias en un plazo de 40 jornadas hábiles (sin tomar en cuenta el feriado del 24 de marzo).
Aún más, el volumen de un bimestre de 2010 supone el 64,2% de todas las designaciones de 2008 y el 47,3% de las concretadas durante 2009 (140 y 190 nombramientos, respectivamente), de acuerdo con datos de la superintendencia del Poder Judicial.
Argumentos
Alegando "el creciente índice de litigiosidad y el aumento de la conflictividad en el marco de cada juicio", la Corte dispuso a mediados de 2009 que dos juzgados de Cobros y Apremios funcionasen en doble turno (por la mañana y por la tarde).
Aunque no lo ha anunciado formalmente, el Poder Judicial ha extendido ese régimen a la mayoría de los fueros.
El desdoblamiento de la jornada laboral, cuya aplicación demandó un número indefinido de nuevos recursos humanos, impacta también en los ascensos del personal de planta.
Ocurre que tanto el acceso a la carrera judicial como la expectativa de progresar en ella dependen de las prerrogativas discrecionales de la Corte Suprema.
En paralelo a las designaciones del primer bimestre, el máximo tribunal ha optado por recurrir a los concursos para nombrar al sociólogo, economista o contador y abogado que integrarán la controvertida Oficina de Análisis Social y Económico -creada en marzo con el voto en disidencia de Antonio Gandur y cuestionada judicialmente por dos letrados-.
A diferencia de las acordadas que designan al personal, el documento oficial que estructura esta unidad técnica sí fue publicado en el portal del Poder Judicial (www.justucuman.gov.ar). Lo propio ocurrió a fines de agosto, con la difusión del concurso para llenar la posición de director del Centro Judicial de Mediación.
Un tercio de los 90 nombramientos de comienzos de 2010 -este diario tuvo acceso a esa fracción de acordadas- revela que el trámite de ingreso al Poder Judicial apenas consigna el título profesional (si lo hubiese) del ingresante.
En este caso, nueve de los 30 nuevos empleados son abogados; uno es procurador; cuatro son licenciados (la acordada no especifica la disciplina); dos son psicólogos y la mayoría (14 ingresantes) no acusa ninguna profesión.
Tres letradas y dos licenciadas (todas mujeres) fueron destinadas a la Oficina de Violencia Doméstica, que comenzó a funcionar en abril de este año, y que, originalmente, no tenía previsto incorporar personal nuevo: iba a conformarse con el traslado de empleados con experiencia en los fueros de Familia y Penal, o graduados en carreras universitarias afines (psicología, trabajo social, etcétera) que ya estuviesen trabajando en la Justicia.
Con la reciente acordada 1.029 de la Corte, la Justicia parece más dispuesta a discutir y a restringir las designaciones discrecionales , usuales en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo.
Precisamente, este último ha dado algunos pasos para profesionalizar la administración pública, pero todavía está lejos de convertir esa materia en una política de Estado.
lagaceta.com.ar
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